El Grupo Dota denunció este miércoles por la noche que algunos de sus vehículos sufrieron agresiones, luego de que la empresa decidiera funcionar durante el paro de colectivos que comenzó a las 0 de este jueves.
“Los vándalos de siempre”, fue la acusación que lanzó la empresa de colectivos en una publicación que hicieron en la red social X (exTwitter), en la que agregan imágenes de lo que parecieran ser pedradas en sus ventanillas y parabrisas.
La serie de videos e imágenes publicados por la cuenta oficial de la empresa muestra que parte de la carrocería de algunos vehículos también fueron vandalizados con piedras y otros proyectiles.
El Grupo Dota es una de las empresas con mayor cantidad de líneas de colectivos en todo el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una concentración cercana al 20% del mercado, y había informado previamente que iba a “garantizar el servicio”.
Las agresiones a los colectivos llegaron luego de que la compañía decidiera circular a pesar de la medida de fuerza que impulsa la Unión Tranviarios Automotor (UTA) por un reclamo salarial. El paro rige desde este jueves a las 0 y durará 24 horas.
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Desde la empresa explicaron que sus choferes no se adhieren a la medida de fuerza porque “la totalidad del personal tiene acreditado el importe total de sus haberes correspondiente al convenio homologado de 737.000 pesos de valor inicial”.
En el acta que firmaron este miércoles, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA), que representa a DOTA, manifiesta incluso su coincidencia con la política salarial del Gobierno.
“Es absolutamente razonable, en cuanto entiende que los acuerdos salariales no deben superar los índices inflacionarios ni convalidar expectativas que los retro alimenten”, señalaron en el comunicado.
Los trabajadores de la UTA reclaman el pago de $250.000 adicionales al convenio inicial, que cobraron como bono durante febrero y que en marzo debía incorporarse al salario a través de una cláusula de acuerdo entre el gremio y las empresas. De esta manera, se llevaría el ingreso mínimo a $987.000.
El Gobierno hasta el momento no reconoce el pedido de la UTA porque no hubo paritaria firmada para marzo y los meses siguientes, mientras que las empresas aseguraron que no pueden hacerse cargo de esa diferencia.
Desde las compañías operadoras aseguran que les faltan alrededor de $12.500 millones por parte del Estado para hacerle frente a la totalidad del salario de más de 50.000 trabajadores.
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