El Supremo Tribunal de Entre Ríos confirmó la condena por corrupción contra el ex gobernador Sergio Urribarri

El máximo tribunal entrerriano rechazó el recurso de queja presentado por los defensores del ex gobernador justicialista Sergio Daniel Urribarri (2007-2015). De esta manera, ratificó las sentencias de primera instancia y de Casación que lo condenaron a 8 años de cárcel y que lo obligaron en su momento a que deba renunciar a la Embajada en Israel, donde había sido designado por Alberto Fernández.

El fallo del STJ cerró el capítulo judicial provincial al denegar la revisión de lo decidido en la segunda instancia. El ex mandatario entrerriano tendría que empezar a cumplir su pena. Sin embargo, su defensa entiende que al no haber riesgo de fuga y haber estado siempre a derecho, su libertad no debería correr riesgo hasta que se termine el trámite Judicial en la Corte Suprema.

La representación legal del ex embajador tiene la posibilidad de llevar el caso al máximo tribunal nacional, aunque para la jurisprudencia provincial eso no impediría que comience a correr la sanción penal. Las vías para que la Corte revise la sentencia son dos: el recurso extraordinario federal (si la Justicia entrerriana lo habilita) o la queja (en caso de que lo deniegue). Los defensores tienen 10 días a partir de mañana para comenzar a desandar esa vía.

Urribarri fue encontrado culpable de “delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado” en cinco casos que se juzgaron en conjunto en un proceso que se denominó “Megacausa”.

El ex mandatario está involucrado en cinco causas (NA)

Allí se lo condenó por la utilización de recursos provinciales para fines proselitistas de su campaña presidencial. Fue en los expedientes abiertos por el parador que la provincia montó en La Perla de Mar del Plata; la difusión de videos institucionales de la Cumbre del Mercosur 2014 que se realizó en Paraná y la publicación de una solicitada en contra de los fondos buitres.

La pena también involucró un esquema de cartelización de la publicidad oficial en vía pública que favorecía a empresas que eran operadas por personas que la Justicia consideró testaferros de su cuñado, Juan Pablo Aguilera, también condenado.

La quinta causa fue por la contratación de publicidad oficial a través de una empresa llamada Global Means sin haber cumplido requisitos formales.

La decisión corrió por cuenta de la Sala Penal del STJ. El cuerpo tuvo dos excusaciones: la vocal Claudia Mizawak (por haber sido abogada de Urribarri en una causa de principios de siglo) y Daniel Carubia (por su vínculo familiar con Alejandro Cánepa, quien actuó como fiscal en un tramo de la investigación).

En reemplazo de ambos fueron sorteados por sistema electrónico los vocales Gisela Schumacher y Germán Carlomagno. Miguel Ángel Giorgio fue el único integrante original de la Sala que quedó para analizar el caso.

Tras hacerse cargo de la defensa, Burlando y el codefensor Leopoldo Cappa (el abogado mediático aún no tiene matrícula en Entre Ríos) recusaron a Schumacher y Giorgio por supuesto prejuzgamiento. Fue ante versiones que circularon y que anticiparon el contenido de sus votos.

El gallo que se conoció en la tarde de este miércoles dio cuenta de que Giorgio y Schumacher votaron por el rechazo a la queja y Carlomagno por la aceptación.

El fin de semana pasado, el Superior Tribunal había rechazado las impugnaciones contra ambos jueces. También las sucesivas que habían presentado los defensores de Urribarri contra quienes debían resolver esta cuestión.