El concejal de Resistencia por el bloque CER, Guillermo Monzón, visitó los estudios de CIUDAD TV y se refirió a la reaparición del exintendente Gustavo Martínez y a una posible denuncia que estaría radicando el próximo lunes ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), contra la actual gestión que encabeza Roy Nikisch en el Municipio de Resistencia por los pases a planta otorgados durante su gestión y dados de baja este mismo año.

“No tengo en detalle de qué se va a tratar la denuncia, lo que si puedo remarcar es la deficiencia que tuvo la gestión de Roy Nikisch en cuanto a la forma en la que fue trabajando para lograr el despido de 431 trabajadores municipales”, acentuó.

“El Intendente, ni bien asumió, pagó unos cuantos meses el sueldo de toda esta planta que venía trabajando y en el mes de abril les dio de baja con una simple resolución firmada por él, un instrumento que tienen los intendentes para tomar decisiones. Lo que ocurre es que una resolución es una norma inferior a la ordenanza que habilitó esos pases a planta en el año 2023, con la aprobación de los 11 concejales. El Concejo por unanimidad avaló la decisión del intendente Gustavo Martínez en los pases a planta, fue una resolución avalada por los 11 concejales. Y no puede ser que un intendente a través de una resolución, norma menor, haya tomado la decisión de darla de baja”, explicó.

Remarcó que el voto unánime en el Concejo Deliberante también pone sobre relieve una particularidad que es que “los concejales de su propio partido también apoyaron esa ordenanza que avaló el pase a planta en este caso de cerca de 800 personas, quedaron despedidas 431”.

“El argumento de Roy (Nikisch) es que no hay presupuesto, que no estaba contemplado. y, en realidad, cuando se aprueba la ordenanza en el año 2023 se establece la asignación presupuestaria. Pagó hasta el mes de marzo”, sostuvo.

Recordó que en abril, “hicimos una denuncia a través de Informes Oficiales por las cuentas del Nuevo Banco del Chaco porque el Municipio de la ciudad de Resistencia, al 30 de abril, tenía 9.400 millones de pesos en plazo fijo, no en cuenta corriente. Lo que desmiente el planteo o el fundamento de que no había presupuesto para poder albergar a esos 431 trabajadores que venían hace 4, 5, 6, 8 años dentro del Municipio, no eran nuevos. eran personas que venían desarrollando una actividad en una situación precaria desde el punto de vista laboral”.

“Si teníamos 9.400 millones de pesos en plazo fijo y el gasto estimado que podía tener con el personal despedido sería mensualmente de 500 millones de pesos por pago de sueldos, como máximo, el dinero lo tenían. Ahí vemos que hay una situación poco entendible. La decisión tomada por el Intendente fue de ahondar la situación de crisis sin pensar en estas 431 familias

Reforma al Código de Tránsito y Transporte

Por otro lado, el concejal Monzón también se refirió a la audiencia pública celebrada el jueves a fin de avanzar en una reforma al Código Único de Tránsito y Transporte, una herramienta que para el funcionario “está bastante completa porque fue aprobada hace dos años”.

Habló de la demanda de remises, taxis y radiotaxis “que ven la imposibilidad de que puedan ingresar nuevos integrantes para presentar el servicio”, en un contexto de crisis económica y social por el que están pidiendo flexibilizaciones en el Código, por ejemplo, con el color del vehículo para funcionar.

Remarcó que otro punto de discusión tiene que ver, en este mismo contexto donde se acentúan los despidos y la falta de trabajo, con una alternativa laboral en crecimiento que tiene que ver con el servicio de las aplicaciones o plataformas como Uber. Dijo que, “al no estar reguladas ni normadas en la ciudad de Resistencia, generan una competencia desleal con remiseros y taxistas, una competencia desigual. Y es también donde ellos plantean la necesidad de empezar a trabajar para ver cómo podemos incluir a todos dentro de un Registro, que todo esté normado y que todos estén en las mismas condiciones y con los mismos requisitos para poder prestar un buen servicio para la población”.

“La audiencia de ayer la verdad que fue muy fructífera porque escuchamos los planteos. Tienen dos urgencias: la competencia desigual con las plataformas que tenemos que ver cómo las regulamos, y la incorporación de nuevos vehículos a los servicios asociada a los requisitos como el color del vehículo y otras cosas mínimas”, apuntó y adelantó que trabajarán para “buscar una solución para el sector”.