Antes de asumir la presidencia el 20 de enero próximo, Donald Trump deberá escuchar la sentencia que el juez Juan Merchan le dictará el 26 de este mes tras ser hallado culpable por un escándalo sexual y falsificación de documentos de campaña.
A esta altura nadie cree que el flamante presidente electo estadounidense irá a prisión, una de las posibilidades que podría barajar el magistrado. La pena máxima prevista es de cuatro años, lo que lo obligaría a mudar su despacho presidencial de la oficina Oval de la Casa Blanca a una celda. Un escenario más creíble sería una nueva y más extensa postergación de la pena, la aplicación de una multa o la libertad condicional.
El juez también podría decidir anular la condena tras un fallo de la Corte Suprema que le otorgó al presidente cierta inmunidad. Pero si decide condenarlo, su defensa podría apelar el fallo hasta llevarlo al máximo tribunal. El camino es largo y podría demorar muchos meses. En ese escenario, sus abogados tendrían un as en la manga: intentar anular cualquier mandato de un juez estatal para condenar a un presidente. El caso podría extenderse así por años.
Trump, el primer presidente convicto en la historia de los Estados Unidos, fue hallado culpable en mayo de 34 cargos por falsificar documentos de campaña para efectuar un millonario pago a la exactriz porno Stormy Daniels. Según el fallo, el magnate buscó comprar su silencio para tapar un supuesto romance justo antes de los comicios de 2016. Al ser un caso estatal, no podrá indultarse a sí mismo.
Pero esta no es la única causa que enfrenta en la justicia. Hay otros procesos estatales y federales incluso más graves. Sin embargo, su triunfo aplastante en las elecciones de este martes 5 de noviembre amenaza con disipar los nubarrones que obligaron al magnate neoyorquino a pasearse por varios juzgados en los últimos meses.
“Con la victoria de Trump, sus juicios prácticamente desaparecerán”, escribió el influyente diario The Washington Post.
Qué va a pasar con el fiscal especial
Trump viene insistiendo que una de las primeras cosas que hará cuando asuma la presidencia será despedir al fiscal especial Jack Smith. De esa manera, podría terminar con los dos casos federales levantados por el funcionario judicial en su contra por un supuesto intento de revertir la elección presidencial de 2020 y el manejo indebido de documentos clasificados.
La primera causa se sustancia en Washington y se centra en sus presuntos esfuerzos para alterar el resultado e impedir la certificación de la victoria de Joe Biden aquel año. Está acusado de conspiración para defraudar al gobierno estadounidense, para obstruir un procedimiento oficial, obstrucción o intento de obstrucción de un procedimiento oficial y conspiración para violar derechos civiles. Además, se lo responsabiliza por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021 por parte de cientos de sus seguidores. En tanto, la segunda causa sigue su curso en la Florida.
“Lo despediría en dos segundos”, dijo Trump sobre el fiscal Smith pocos días antes de las elecciones. Ese sería el fin de ambos procesos.
Tras el despido, el Departamento de Justicia y el secretario de Justicia designado por Trump podrían proponer que se desestimen todos los cargos. Pero antes, Smith debe presentar un informe confidencial sobre la causa ante las nuevas autoridades, según CNN.
Además, el fallo reciente de la Corte le otorgó a Trump cierta inmunidad en sus actos como Presidente que lo aleja del juicio penal. Resta decidir qué decisiones están protegidas por la inmunidad del cargo.
El otro caso levantado en Florida tiene que ver con el hallazgo de documentos clasificados de la Casa Blanca en la residencia personal de Mar-o-Lago. Trump, está acusado también de negarse a entregar esos informes. El caso fue desestimado por la jueza Aileen Cannon, pero los fiscales apelaron la resolución.
Pero también está la causa penal impulsada en Georgia por intentar revertir los resultados presidenciales a su favor en un condado de ese estado clave en 2020. Allí queda por resolver la situación de la fiscal demócrata Fani Willis, encargada del caso y que fue alejada por una relación sentimental con un colega. Fuentes citadas por la CNN dijeron que si se mantiene la resolución es poco probable que otro fiscal quiera retomar el proceso con Trump en la Casa Blanca.
Y como si esto fuera poco, Trump aún tiene que enfrentar numerosas demandas civiles, entre ellas la que investiga el ataque de cientos de sus seguidores contra el Capitolio el 6 de enero de 2021. También afronta dos casos de difamación de la escritora E. Jean Carroll (que le ganó una causa por abuso) y un caso de fraude civil presentado por el fiscal general de Nueva York que acusó a su empresa de inflar fraudulentamente el valor de sus activos para obtener mejores tasas de préstamo y seguros. En ambos casos los montos son millonarios.
“La narrativa de Joe Biden ha sido siempre que si Trump ganaba la elección se caían los procesos. Lo que Biden nunca dijo es que los procesos existieron insuflados por la presión del Poder Ejecutivo. Muchos de esos procesos son nulos de pleno derecho y los demás tienen fuertes visos de nulidad”, dijo a TN el analista Erick Fajardo.
A su juicio, “son procesos que le han abierto por presión política”, indicó.
Ahora, Trump tiene ante sí otro panorama. El frente judicial ya no será un problema.
