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RADIO32 SOMOS TU VOS
La Cámara de Diputados lleva adelante por estas horas una sesión especial para rechazar o ratificar el veto total del presidente Javier Milei a la reforma jubilatoria sancionada por el Congreso a finales de agosto. La norma implica, entre sus puntos principales, un aumento del 8% para compensar las jubilaciones por el avance de la inflación, establece parámetros de actualización de haberes y la cancelación de deudas tanto con cajas provinciales como con beneficiarios que tengan fallos favorables en la Justicia.
Milei había anticipado que vetaría la norma en caso de que sea sancionada por el Congreso debido a que implica un gasto que “pone en riesgo el objetivo de equilibrio fiscal”. El costo previsto para este año es equivalente al superávit fiscal que alcanzó el Sector Público Nacional en lo que va del 2024.
La ley vetada propone una actualización mensual de las jubilaciones en base al último dato disponible de variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), es decir la inflación, que publica a mitad de cada mes el Indec. Esa periodicidad hace que los ajustes mensuales de los haberes previsionales, que se pagan a principio de mes, se realicen a partir del IPC con dos meses de rezago. Este punto está en línea con el mecanismo de indexación que definió Milei en el DNU 274/2024, que comenzó a aplicarse en abril.
Sin embargo, uno de los puntos de tensión es que la iniciativa de la oposición prevé una compensación extra – o “empalme”- del 8,1% para todos los jubilados, dado que el gobierno otorgó un 12,5% de recomposición en abril que no cubre el 20,6% de inflación de enero, mes que el gobierno dejó fuera para la actualización de su fórmula.
El proyecto que se trata en el Senado establece además que el haber mínimo sea el equivalente al 1,09 del valor de la Canasta Básica Total (CBT) de un adulto equivalente del Indec, que para julio estuvo valorizada en $291.472 para quienes reciben un solo ingreso de Anses. Eso deja las jubilaciones en un umbral de $317.704,48, por encima de los $285.581 que percibieron ese mes quienes cobran la mínima ($215.000 de haber y $70.000 de bono).
La norma también prevé un adicional del 50% de la variación entre la Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables (RIPTE) y el IPC para habilitar la posibilidad de mejorar las jubilaciones en contextos de crecimiento económico. De este modo, la inflación, que viene presentando una sostenida desaceleración, no se convertirá en un un techo para los haberes.
El otro punto crítico es el artículo 10 del proyecto. Allí se impone un plazo de seis meses para cancelar las deudas previsionales por juicios con sentencia firme y las que tiene el Estado con las cajas provinciales. Son 90.000 sentencias firmes que tienen jubilados y las cajas no transferidas son de Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Corrientes.
Según la fórmula de movilidad actual, el haber mínimo pasó en septiembre a $234.540 y con el bono de $70.000 ningún jubilado cobrará menos de $304.540 de bolsillo.
Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), la jubilación mínima se ubicaba en junio pasado un 37% por debajo del nivel registrado en 2017 en términos reales. Desde ese momento, se aplicaron cuatro fórmulas de actualización diferentes y ninguna implicó una recomposición de esa pérdida para los jubilados.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expuso a finales de julio ante los senadores y manifestó su preocupación por el efecto en las cuentas públicas de los cambios propuestos en el proyecto de ley de la oposición.
“Sumado todo el proyecto, estamos hablando justamente que tanto este año como el año próximo las cuentas públicas cerrarían en déficit. Hablamos de un gasto adicional de 1 punto del PBI en 2024 y de 1,2 puntos del PBI para el año que viene. En un contexto, insisto, en que no tenemos acceso a ningún tipo de financiamiento, sumado adicionalmente a que el año que viene vamos a tener menos recursos disponibles dada la caducidad del impuesto PAIS, con lo cual la situación de cara al 2025 es mucho más compleja en términos fiscales”, advirtió Guberman.
El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, expuso a finales de julio ante los senadores y manifestó su preocupación por el efecto en las cuentas públicas de los cambios propuestos en el proyecto de ley de la oposición.
“Sumado todo el proyecto, estamos hablando justamente que tanto este año como el año próximo las cuentas públicas cerrarían en déficit. Hablamos de un gasto adicional de 1 punto del PBI en 2024 y de 1,2 puntos del PBI para el año que viene. En un contexto, insisto, en que no tenemos acceso a ningún tipo de financiamiento, sumado adicionalmente a que el año que viene vamos a tener menos recursos disponibles dada la caducidad del impuesto PAIS, con lo cual la situación de cara al 2025 es mucho más compleja en términos fiscales”, advirtió Guberman.
En reiteradas oportunidades el gobierno resaltó que en su hoja de ruta es fundamental apuntar al equilibrio en las cuentas, en busca de convencer a los inversores de la solvencia de Argentina de cara al futuro. El Sector Público Nacional acumuló en los primeros siete meses del año un superávit financiero equivalente a 0,4 puntos del PBI, según informó la semana pasada Hacienda.
En ese marco, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó que el Poder Ejecutivo vetará el proyecto de reforma previsional de la oposición en caso de que sea sancionado este jueves por la Cámara alta. “Todo lo que vaya en contra del equilibrio fiscal y de las cuentas públicas, que es nuestra columna vertebral, se va, por supuesto, a vetar”, sentenció el funcionario en su habitual conferencia de prensa.
Escrito por E-GRUPOCLAN
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