Si bien hay consenso para actualizar los haberes por inflación, el tema reside en el cómo. Uno de los proyectos plantea ajustar las jubilaciones de abril con la inflación de enero y de ahí en más actualizar los haberes con un rezago de 3 meses. Una propuesta alternativa busca ajustar los haberes de abril con la inflación de febrero más un 20%, por única vez, y a partir de allí seguir ajustando con un rezago de 2 meses.
Por su parte, la nueva administración anunció un esquema similar a esta segunda propuesta, pero reduciendo el ajuste por única vez al 12,5%.
Las alternativas
Analizando el impacto de estas tres alternativas, considerando la jubilación mínima, vemos que ajustando en abril con la inflación de enero hará que en junio 2024 las jubilaciones sean aproximadamente un 11% inferior al promedio de 2023. Ahora, si ajustamos en abril con la inflación de febrero más 20%, por única vez, hará que en junio 2024 las jubilaciones sean un 4% inferior al promedio de 2023.
Por último, ajustando en abril con la inflación de febrero más 12,5%, por única vez, hará que en junio de 2024 las jubilaciones sean un 9% inferior al promedio de 2023.
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En pocas palabras, ajustando las jubilaciones por inflación se materializa la pérdida real sufrida por la inflación pasada. Ninguna de las tres alternativas recuperará el bajo nivel que tenían en 2023 y quedarán muy por debajo del que tuvieron en 2017.
Las que actualizan con 2 meses de rezago son jurídicamente débiles porque ensamblan de manera inconsistente con la vieja fórmula y operativamente muy dificultosas de instrumentar porque la ANSES necesita al menos 3 meses para liquidar las jubilaciones ajustadas por inflación.
Hoy hay una oportunidad para ordenar las inequidades con la distribución indiscriminada de jubilaciones sin aportes. Sería deseable adoptar la fórmula de ajuste en abril con la inflación de enero (jurídica y administrativamente lo más sólido y austero desde lo fiscal) y usar ese mayor espacio fiscal para un aumento especial a las jubilaciones con 30 años de aportes y por el régimen general.
El cambio en la movilidad no es la herramienta para superar los problemas. No hay que imponer reglas que son jurídicamente inconsistentes y administrativamente muy difíciles de aplicar y sincerar que se congela una licuación de los haberes, asumiendo esto como una oportunidad para recomponer los haberes de quienes aportaron.
Hay que ir hacia la unificación de las reglas jubilatorias y un ordenamiento integral del sistema para que las personas se jubilen en las mismas condiciones en un marco de sustentabilidad financiera de largo plazo.
(*) Federico Pablo Vacalebre es profesor de la Universidad del CEMA
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